El impago de una deuda es una situación desafortunada que puede afectar tanto a particulares como a empresas, generando tensiones económicas y legales que, si no se abordan a tiempo, pueden escalar a conflictos mayores.
En España, el ordenamiento jurídico ofrece herramientas claras y procedimientos específicos para garantizar que los acreedores puedan reclamar lo que legítimamente les corresponde. Sin embargo, no basta con conocer estas opciones: es crucial saber en qué momento recurrir a ellas y cómo plantear una reclamación que sea efectiva y se ajuste a la normativa vigente.
En este artículo, desglosamos todos los pasos necesarios para reclamar una deuda, desde las opciones más sencillas, como intentar un acuerdo amistoso, hasta las vías judiciales. También incluimos consejos prácticos y explicamos las principales normativas aplicables, para que entiendas cómo actuar y tomes decisiones informadas que protejan tus intereses.
¿Qué es una deuda impagada?
Una deuda impagada surge cuando una persona o empresa incumple la obligación de abonar una cantidad de dinero previamente acordada. Esta obligación puede derivarse de un contrato, una factura, un pagaré o cualquier otro documento que refleje un compromiso claro de pago entre las partes.
Desde el punto de vista jurídico, el incumplimiento de esta obligación constituye un incumplimiento contractual, regulado en el Código Civil español, específicamente en el artículo 1.091, el cual establece que: «las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos.»
Esto significa que los acuerdos firmados entre las partes adquieren la misma validez que una norma jurídica y obligan a su cumplimiento exacto en los términos establecidos. En caso de que una de las partes no cumpla, la otra tiene derecho a reclamar el pago correspondiente a través de los mecanismos legales disponibles.
Por ejemplo, si una empresa firma un contrato para la prestación de un servicio y, tras ejecutarse dicho servicio, no realiza el pago acordado, la parte acreedora puede reclamar el importe adeudado, amparándose en la normativa mencionada. Este derecho tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de las obligaciones económicas entre las partes.
¿Cómo afecta una deuda impagada al acreedor y al deudor?
Impacto en el acreedor
- Pérdida económica: Para el acreedor, una deuda impagada significa una reducción de liquidez, lo que puede afectar su capacidad para afrontar gastos, invertir en su negocio o cumplir con sus propias obligaciones.
- Tiempo y esfuerzo: Reclamar una deuda requiere tiempo y recursos, especialmente si se opta por iniciar un procedimiento judicial.
- Relaciones comerciales: El impago puede deteriorar las relaciones con el deudor, especialmente si no se manejan adecuadamente los intentos de resolución amistosa.
- Costes adicionales: En muchos casos, el acreedor deberá incurrir en gastos legales, como honorarios de abogados o tasas judiciales, para recuperar lo adeudado.
Impacto en el deudor
- Consecuencias legales: Un deudor que no salda su deuda puede enfrentarse a procedimientos judiciales que conlleven el embargo de sus bienes, cuentas bancarias o incluso ingresos futuros.
- Deterioro de la reputación: En el ámbito comercial, un historial de impagos puede afectar la credibilidad del deudor, dificultando futuras relaciones de negocio o el acceso al crédito.
- Registro de morosos: El deudor puede ser incluido en registros de morosidad, como ASNEF o RAI, lo que puede limitar su acceso a servicios financieros.
- Carga psicológica: La acumulación de deudas impagadas puede generar estrés y afectar la estabilidad emocional del deudor.
¿Qué requisitos debe cumplir una deuda para ser reclamada?
Para que una deuda pueda reclamarse legalmente, debe cumplir con ciertos requisitos que garantizan su legitimidad y su exigibilidad. Estos son:
- Deuda líquida: La cantidad adeudada debe estar claramente determinada y ser cuantificable. Por ejemplo, una factura con un importe concreto.
- Deuda exigible: La obligación de pago debe haber vencido, es decir, el plazo acordado para realizar el pago debe haber expirado.
- Deuda documentada: Es fundamental contar con documentación que acredite la existencia de la deuda. Esto puede incluir contratos, facturas, correos electrónicos o cualquier otro documento que demuestre el acuerdo entre las partes.
En el caso de que la deuda cumpla con estos requisitos, el acreedor estará en condiciones de iniciar un proceso de reclamación, ya sea mediante un acuerdo amistoso o un procedimiento judicial.
¿Qué opciones legales tiene un acreedor para reclamar una deuda?
Paso 1: Intenta resolver el conflicto de manera amistosa
La primera medida que un acreedor debe tomar ante una deuda impagada es intentar resolver la situación de manera amistosa. Este enfoque no solo es menos costoso y rápido, sino que también puede evitar tensiones innecesarias, especialmente en relaciones comerciales o familiares. Además, las recientes reformas de la Ley 5/2023, que introdujo mejoras en la resolución alternativa de conflictos, promueven la resolución extrajudicial como un paso previo obligatorio en determinados casos.
1. Comunicación directa
El primer paso consiste en contactar al deudor para recordarle la deuda pendiente y conocer los motivos del impago. Muchas veces, el incumplimiento puede deberse a un olvido o a problemas de liquidez temporal, que pueden resolverse fácilmente con un diálogo directo.
2. Carta de reclamación formal
Si el contacto inicial no da resultados, el siguiente paso es enviar una carta de reclamación formal. Este documento debe redactarse con precisión y claridad, detallando:
- La identificación del acreedor y del deudor.
- La cantidad adeudada, desglosando conceptos si fuera necesario.
- La referencia al contrato, factura o documento que acredite la deuda.
- Un plazo razonable para el pago.
- La advertencia de que, en caso de no cumplir, se considerará la opción de emprender acciones legales.
Para garantizar su eficacia, es recomendable que la carta se envíe mediante burofax con certificación de contenido y acuse de recibo.
3. Acuerdo extrajudicial
Si el deudor manifiesta disposición para resolver la deuda pero no puede realizar el pago completo de forma inmediata, se puede negociar un acuerdo extrajudicial. Este puede incluir:
- Fraccionamiento del pago: Dividir la deuda en cuotas mensuales o periódicas.
- Quita parcial: Reducción del importe total a cambio de un pago inmediato.
- Extensión del plazo: Ampliar la fecha límite para el pago sin recurrir a intereses adicionales.
Estos acuerdos deben formalizarse por escrito, incluyendo todas las condiciones pactadas, y firmarse por ambas partes. Para mayor seguridad jurídica, pueden elevarse a escritura pública ante notario, lo que garantiza su validez y ejecutabilidad en caso de incumplimiento.
Paso 2: Procedimientos extrajudiciales
Cuando las gestiones amistosas no resultan efectivas, la normativa actual ofrece herramientas extrajudiciales para facilitar la resolución de conflictos sin necesidad de acudir directamente a los tribunales.
1. Mediación
La mediación, regulada por la Ley 5/2012 es una alternativa cada vez más utilizada para evitar litigios prolongados y costosos. En este procedimiento, un mediador imparcial ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambos. Este proceso es especialmente útil en relaciones comerciales continuadas, donde preservar la confianza mutua es crucial.
Ventajas de la mediación:
- Es confidencial y no trasciende públicamente.
- Es más económica y rápida que un juicio.
- Las partes tienen el control total sobre el acuerdo final.
2. Conciliación
La conciliación es otro mecanismo extrajudicial regulado por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que permite a las partes negociar ante un órgano judicial o administrativo sin necesidad de iniciar un procedimiento formal.
Ejemplo práctico:
Un arrendador que reclama el impago de varias mensualidades puede acudir a un acto de conciliación con el inquilino para acordar un plan de pagos que evite el desahucio.
Paso 3: Procedimientos judiciales
Cuando las opciones amistosas y extrajudiciales fracasan, la última opción a la que podemos recurrir es a los tribunales para reclamar la deuda. La elección del procedimiento dependerá de la cuantía y la documentación que respalde la reclamación.
A. Procedimiento monitorio
El procedimiento monitorio es una vía rápida y eficaz para reclamar deudas líquidas, vencidas y exigibles. Está regulado en los artículos 812 a 818 de la LEC y se utiliza para deudas con independencia de su cuantía.
Pasos del procedimiento monitorio:
Petición inicial:
El acreedor presenta un escrito ante el juzgado de primera instancia, detallando los datos del deudor, el importe adeudado y adjuntando documentos que acrediten la deuda, como facturas o contratos.
Requerimiento al deudor:
El juzgado notifica al deudor mediante un requerimiento de pago, otorgándole un plazo de 20 días hábiles para responder. El deudor puede:
- Pagar voluntariamente: Se archiva el procedimiento.
- Oponerse: El caso pasa a un juicio verbal (si la deuda es menor de 15.000 €) o ordinario (si es mayor).
- No responder: El juzgado dicta un título ejecutivo, permitiendo al acreedor iniciar la ejecución forzosa.
Ejecución forzosa:
Si el deudor no paga ni se opone, el acreedor puede solicitar el embargo de bienes, cuentas bancarias o ingresos del deudor para recuperar la deuda.
B. Procedimiento cambiario
El juicio cambiario es un procedimiento especial para reclamar deudas derivadas de documentos mercantiles como letras de cambio, pagarés o cheques. Está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley Cambiaria y del Cheque, y se caracteriza por su rapidez y eficacia, con plazos breves y medidas ejecutivas inmediatas en caso de incumplimiento.
Fases del procedimiento
- Demanda inicial: El acreedor presenta la demanda junto con el documento cambiario ante el Juzgado de Primera Instancia competente.
- Requerimiento de pago: El juzgado requiere al deudor que pague en un plazo de 10 días y ordena el embargo preventivo de bienes.
- Respuesta del deudor
- Pago voluntario: Finaliza el procedimiento.
- Oposición: Se transforma en un juicio verbal.
- Silencio: El embargo se convierte en definitivo y se ejecuta la deuda.
Aspectos clave a tener en cuenta al reclamar una deuda
Prescripción de las deudas
Es esencial actuar dentro de los plazos legales para evitar que la deuda prescriba. Según el artículo 1.964 del Código Civil, las deudas personales tienen un plazo de prescripción de 5 años, mientras que las deudas comerciales prescriben a los 3 años, según el artículo 942 del Código de Comercio.
Costes del procedimiento
El deudor puede ser condenado a pagar las costas del procedimiento si el juez así lo determina. Estas costas incluyen honorarios de abogado, procurador y otros gastos procesales.
¿Qué ocurre si el deudor es insolvente?
Si el deudor no tiene bienes embargables, el procedimiento puede suspenderse, pero la deuda no desaparece. En caso de que el deudor mejore su situación económica en el futuro, el acreedor podrá reactivar el procedimiento para recuperar su dinero.
En conclusión, reclamar una deuda impagada requiere un enfoque estratégico que combine intentos amistosos con herramientas legales efectivas. En 2024, la legislación española sigue adaptándose para facilitar la recuperación de deudas, incorporando medidas como la mediación obligatoria en ciertos casos y procedimientos judiciales más ágiles.
Es esencial actuar con rapidez, asegurarse de que la deuda está bien documentada y contar con el asesoramiento de un abogado especializado para garantizar un proceso eficiente y conforme a la normativa vigente. Ante una deuda impagada, el conocimiento y la correcta aplicación de la ley son las mejores herramientas para proteger tus derechos como acreedor y recuperar lo que te corresponde.